Las medidas implantadas como consecuencia de la puesta en marcha de la estrategia antifraude de la UDC se estructuran alrededor de las cuatro fases del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución.
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Con carácter previo a la elaboración del Plan de medidas antifraude de la UDC, el grupo de trabajo encargado, en reuniones que tuvieron lugar en diciembre de 2021 y enero de 2022, llevó a cabo el autodiagnóstico de la institución de acuerdo con el anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, del 29 de septiembre.
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Con la evaluación del riesgo lo que se pretende es abarcar todos los riesgos potenciales, no solo aquellos que permitan detectar situaciones de fraude o corrupción, sino también aquellos que puedan revelar irregularidades o problemas que afecten al cumplimiento de normas y a la buena administración.
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Se trata de prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva. En concreto, se trata de implantar y definir indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y comunicarlos al personal en posición de detectarlos.
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Adicionalmente, manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas del Estado. Para eso, deben reforzarse las medidas de control de los ingresos y prevenir la doble financiación.